A principios de 2025, el sector de las telecomunicaciones latinoamericano sufrirá una inestabilidad real e imaginaria. Mientras intentan encontrar quiénes son realmente, muchos operadores se encuentran en una fase de transición. Como resultado, existe un conflicto entre la necesidad de aplicar un enfoque prudente a la introducción de nuevas tecnologías y las peticiones de más inversión.
Esto es especialmente notorio en las naciones donde los gobiernos de turno han asignado espectro radioeléctrico para promover el crecimiento y la aceptación de la 5G en los últimos cuatro años, esa era post-Covid. Como resultado, muchos proveedores de servicios descubren que la dinámica competitiva del mercado no se ajusta a sus expectativas mientras desarrollaban planes de negocio que respaldaban las inversiones prometidas o la tarificación del espectro cuando se enfrentaban a los requisitos de despliegue de infraestructuras.
Este problema puede agravarse en los países en los que la insuficiencia de espectro ya está empezando a afectar a los servicios o si las asignaciones están enredadas con procedimientos de rearme que tienen un impacto financiero perjudicial para los operadores móviles. A su vez, los operadores móviles deben seguir desplegando la 5G al tiempo que intentan animar a sus usuarios a cambiar a dispositivos compatibles con la 5G. Este planteamiento no es totalmente eficaz porque los teléfonos 5G siguen siendo más caros que sus predecesores.
Por si fuera poco, la expansión de las redes 5G también presiona a los proveedores de infraestructura de torres o fibra, que tienen que ampliar su alcance para suministrar suficiente capacidad de backhaul a estas redes. Como consecuencia del descenso de los costes en el mercado de la transferencia de capacidad y el acceso de banda ancha por satélite, este servicio también está cambiando.
Como las asimetrías del mercado se han solidificado, el resultado es una especie de pesadilla para los reguladores de la competencia. Los operadores con mayores ingresos y cuota de mercado han sido los más rápidos en ampliar su red, aprovechando la incapacidad de sus competidores a corto y medio plazo para igualar estos esfuerzos de inversión. Esto es así en la medida en que los elevados precios y la inversión en infraestructuras han afectado a la tesorería de los operadores. Por lo tanto, la 5G se convierte en un complemento para ayudar a los proveedores móviles supuestamente dominantes en mercados como México o Colombia.
El mayor obstáculo es conseguir que los responsables políticos se den cuenta de que hay que reducir la pobreza para mejorar la conectividad. Hay que darse cuenta de que discutir sobre la asequibilidad y la existencia de infraestructuras civiles es más crucial que decidir cuándo desplegar redes de telecomunicaciones en nuevas zonas, que suelen caracterizarse por altos índices de trabajo informal, pobreza extrema y, lamentablemente, una creciente inseguridad provocada por los grupos armados y el narcotráfico en Colombia, Ecuador y México.
El reto central radica en que los tomadores de decisiones comprendan que mejorar la conectividad depende, en gran medida, de reducir los niveles de pobreza. Es importante comprender que es más crucial discutir la accesibilidad y la existencia de infraestructura civil antes de tomar en cuenta los periodos de introducción de las redes de telecomunicaciones en nuevos territorios, principalmente marcados por elevados índices de informalidad laboral, pobreza extrema y, lamentablemente en Ecuador, Colombia y México, por el incremento de la inseguridad originado por el tráfico de drogas y grupos armados.
Es momento de considerar un nuevo paradigma, en el que las compañías que han emergido en áreas rurales, como los conocidos wisperos en Colombia, las cooperativas en Argentina o los integrantes de ATIM en México, sean reconocidas como protagonistas esenciales para reducir las diversas desigualdades digitales e impulsar la conectividad. El gobierno debe dejar de lado la fórmula enfocada únicamente en los grandes operadores nacionales y adoptar una perspectiva más ecléctica, en la que todos los proveedores, sin importar su magnitud, desempeñen un papel.
En resumen, son los operadores rurales los que conocen las auténticas necesidades de sus zonas. No es posible solucionar los problemas de conectividad sin satisfacer las necesidades de los residentes rurales de Latinoamérica. Las recetas convencionales transmitidas desde México, Brasilia, Buenos Aires o Bogotá hacia las áreas rurales deben ser alteradas con comentarios provenientes de las regiones rurales: un acercamiento desde los fundamentos hacia la dirección nacional.
El progreso en telecomunicaciones y TIC se sustenta en acciones orientadas a erradicar la pobreza, mejorar la condición de la infraestructura civil —como vías y suministro eléctrico—, renovar los programas universitarios y promover la implementación de nuevas tecnologías por parte del Estado. Si no se propone un enfoque tecnológico que considere este panorama fundamental, resultará extremadamente complicado organizar adecuadamente iniciativas que reduzcan las desigualdades digitales que aún existen en América Latina.
